Uso de tecnologías de vigilancia en la frontera sur de México

El contexto de la frontera sur de México, para las mujeres (en toda su diversidad) migrantes que transitan por el territorio, es de violencia y muerte. Hemos constatado sistemáticamente el endurecimiento de las políticas migratorias y la criminalización de la migración, con mayores impactos sobre las mujeres y sus familias. Cada vez más, las tecnologías son centrales en el control de flujos migratorios, sin candados que garanticen el derecho a la privacidad en su uso.

El gobierno de EEUU incorporó la aplicación “CBP One” para acceder al sistema de asilo y parole. Su uso obligatorio ha mostrado que: es inaccesible para muchas personas; no funciona todo lo bien que debería; muestra problemas de privacidad; han ocurrido casos de extorsión y ocasiona prejuicios raciales. Estos problemas son una clara violación tanto de los DDHH como del derecho internacional, en especial el derecho a la privacidad. El gobierno mexicano ha decidido lanzar su propia aplicación para solicitar refugio en México, denominada “Sistema de prerregistro”. Pretende cumplir el mismo cometido que “CBP One” para acceder al asilo. Es sumamente preocupante que la aplicación pueda presentar los mismos errores que “CBP One”. En la frontera sur, defensoras de DDHH hemos sido testigo y víctimas del uso de tecnologías para la vigilancia para la contención migratoria, como son el uso de vehículos aéreos no tripulados (drones), la recopilación de datos biométricos por parte del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, quitar los dispositivos móviles de personas en movilidad en centros de detención migratoria y la vigilancia de redes sociales de solicitantes de asilo por parte de funcionarios de la COMAR.

Aunado a estas violaciones de DDHH, en la frontera sur se han agudizado los riesgos digitales vinculados a la creciente presencia de disputa territorial entre grupos del crimen organizado en los corredores migratorios. En los retenes ilegales del crimen organizado existen testimonios de la extracción de dispositivos móviles para su revisión. Pone en alto riesgo a personas en movilidad y a defensoras de DDHH.

Impactos sociales